7 propuestas de paz: presentadas en el foro nacional de Victimas y los Vacíos, incertidumbres y certezas sobre la normatividad en materia de víctimas del conflicto armado colombiano

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7 propuestas de paz: hacia el foro nacional de Victimas

En el marco de la convocatoria al foro nacional de victimas coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, proyectado a petición de delegados del gobierno Nacional y las FARC – EP, en desarrollo del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que se viene abordando hasta la fecha en la mesa de diálogos de paz de La Habana, presentamos las siguientes propuestas como elementos a ser tenidos en cuenta para continuar avanzando en el camino por la búsqueda y consolidación de la paz política para nuestra Colombia:

1. El Estado colombiano debe proscribir estrategias fundamentadas en las doctrinas de la seguridad nacional, la guerra total, el conflicto de baja intensidad y la acción integral y en su lugar definir estrategias que garanticen la vigencia efectiva de los derechos humanos de todos los colombianos sin ninguna discriminación.
2. Abandono por parte del Estado de la estrategia de guerra sucia regular (legislativa, judicial y militar) e irregular (paramilitar) en contra la población civil y contra la oposición política.
3. Se deben emprender un plan de reformas institucionales de las ramas del poder público que garanticen:
• Un adecuado funcionamiento del sistema de pesos y contra pesos.
• Conformación de una jurisdicción especial de derechos humanos dirigida a acabar con impunidad estructural frente a los crímenes de Estado.
• Retomar el control civil de la fuerza pública.

  •  Realizar proceso de depuración de la Fuerza Pública. Que rompa sus vínculos con las mafias de paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas.
  •  Re direccionando políticas, manuales y directrices que van en contravía de los derechos humanos.
  •  Definir claramente el papel de la policía como cuerpo civil.

4. Realizar una reforma estructural a la política, normatividad y fuentes de financiación del sistema de atención y reparación a víctimas del conflicto que garantice materialmente la vigencia de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
5. Una reducción sustancial del presupuesto militar que esté acorde con un horizonte de post conflicto armado.
6. Una política social y económica incluyente de las mayorías.
7. Generar nuevas formas de relación y representación de los intereses de la sociedad.

 

 

Vacíos, incertidumbres y certezas sobre la normatividad en materia de víctimas del conflicto armado colombiano: hacia el foro nacional de Victimas

En el marco de la convocatoria al foro nacional de víctimas, proyectado a petición de delegados del gobierno Nacional y las FARC – EP, en desarrollo del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que se viene abordando hasta la fecha en la mesa de diálogos de paz de La Habana, presentamos algunos elementos para identificar Vacíos, incertidumbres y certezas sobre la normatividad en materia de víctimas del conflicto armado colombiano, como elementos a ser tenidos en cuenta para continuar avanzando en el camino por la búsqueda y consolidación de la paz política para nuestra Colombia:

El día de hoy exhortamos a las instituciones del Estado, las organizaciones, ciudadanos y a las víctimas a reflexionar sobre la situación real de las víctimas del conflicto armado en nuestra sociedad actual y los avances normativos en la materia.

Pese a las acciones gubernamentales realizadas en el marco de las leyes 387 y 418 de 1997 y la ley 1448 de 2011 y los decretos reglamentarios entre los que se destacaron el decreto 1290 de 2008, las declaraciones o solicitudes de inclusión al Registro Único de Victimas (RUV) recibidas y tramitadas y el reconocimiento o rechazo a víctimas del conflicto armado interno colombiano, sumado a los esfuerzos realizados para la sistematización de registros de las diversas instituciones que contiene en el instrumento VIVANTO de la UARIV y de los estudios del centro nacional de memoria histórica, al igual que de informes y bases de datos de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH, consideramos que a pesar de las escalofriantes cifras que arrojan estas acciones existe aún un subregistro mucho mayor el cual se hace necesario dilucidar y del cual se requieren mayores esfuerzos institucionales si queremos avanzar realmente niveles satisfactorios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto social armado colombiano.

El anterior panorama se complejiza si se tiene en cuenta que desde el acompañamiento y orientación que realizan las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, se ha evidenciado que existen dificultades de diverso tipo para garantizar de forma real el acceso de las víctimas a los programas del Estado. Entre los que destacamos:

1. Hasta hace poco quién podía presentar la solicitud de inscripción en el RUV de acuerdo al inciso 2 del artículo 3 de la ley 1448/11, referente a victimas indirectas estaba restringido al cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en el primer grado de consanguinidad y primero civil de la víctima muerta o desaparecida. Por lo cual la corte constitucional debió extender el carácter de victima cobijando a cualquier persona que haya sufrido un daño por hechos que reúnan los requisitos establecidos en la Ley, al manifestar que se debe entender ‘que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo’ ..

2. El término para inscribirse en el Registro Único de Victimas está próximo a expirar si se tiene en cuenta lo contemplado en el artículo 155 de la ley 1448/11 y al decreto 4800/11, que hacen referencia a un término de cuatro (4) años contados a partir del 10 de junio de 2011 (fecha de promulgación de la Ley) para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento. Es decir hasta el 11 de junio 2015. Y en un término de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley.”
En el caso de las personas víctimas de desplazamiento forzado, la solicitud deberá presentarse en el término de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1o de enero de 1985, y no se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada.

3. La cobertura en el tiempo se encuentra limitado a aquellas que han sufrido la victimización con posterioridad a 1985, situación que desconoce la dimensión de los crímenes cometidos con antelación a esta fecha, y más si se tiene en cuenta que la normatividad anterior incluía y reconocía como víctimas del conflicto a las personas victimizadas desde el año 1964.

Con lo cual los inicios del conflicto y el recrudecimiento de la violencia social y política, las tácticas irregulares de guerra y los avances en el reconocimiento de algunos eventos trágicos de nuestra historia de esta manera pretenden ser desconocidos.

4. Existe a la fecha un número significativo de víctimas que debido a su ubicación geográfica, las dificultades de acceso, su situación socio económica o simple desconocimiento, a la fecha no han podido solicitar su inclusión al RUV.

Igualmente frente a los que logran acercarse o acceder a la ruta de asistencia, existen diversos pronunciamientos de víctimas y organizaciones que señalan barreras de acceso a la oferta del estado en materia de orientación y atención a víctimas.

Creemos que las barreras se dan por la falta de recursos humanos y económicos para asegurar el acompañamiento en terreno y/o realizar una adecuada atención y orientación a las víctimas. Se destaca en algunos casos la falta de formación o desidia de funcionarios, que generan malas o deficientes orientaciones y atenciones.

5. Hay un número significativo de víctimas que pese a haber realizado solicitudes de inclusión en el marco del decreto 1290/08 a la fecha no han obtenido respuesta ni han sido registradas en el RUV. Y en muchos casos pese a la desventaja que genera la realización de una nueva declaración la orientación impartida por la UARIV en un abierto rompimiento del principio de favorabilidad es que las victimas deben realizar una nueva solicitud en el marco de la ley 1448/11 pretendiendo ocultar o desconocer las implicaciones nocivas que ello genera.

6. Sobre varios hechos victimizantes a la fecha no se ha establecido con claridad el monto de la reparación administrativa a que tendrían derecho las víctimas. Se destaca el caso del Desplazamiento Forzado del cual solo se estableció el monto de la reparación administrativa a través de la sentencia SU-254 del abril 25 de 2013 y recientemente mediante el Decreto 1377 del 22 de julio de 2014.

7. Para lograr una respuesta sobre la solicitud de inclusión en el RUV el marco normativo señala un plazo perentorio de 60 días los cuales en la práctica se prolonga por más tiempo de lo establecido extendiéndose por más de 4 meses y en muchas ocasiones la victima debe agotar el uso de instrumentos constitucionales como el derecho de petición, la acción de tutela y el incidente de desacato para obtener respuesta oportuna por parte de la UARIV.

En muchos casos las victimas después de 6 o 7 meses reciben respuestas sobre solicitud de acopio documental, pese a la presunción de buena fe, a la expresa disposición legal de prohibición de solicitud de documentación y que el estado es quien tiene los medios para acopiar en debida forma la documentación. Lo cual extiende la incertidumbre por un periodo más prolongado.

En caso de obtener respuesta afirmativa, pese a su reconocimiento como víctima, los solicitantes se ven sometidos en la mayoría de los casos al calvario de que no les sean cancelados los recursos producto de la reparación administrativa a que tienen derecho. Dicho sea de paso a la fecha lo expresado por la UARIV es que el estado tiene hasta 10 años para hacer efectiva la reparación administrativa.

8. Por otra parte para el tema de la ayuda humanitaria de emergencia, algunas entidades territoriales a la fecha no han elaborado los planes de atención a víctimas y el presupuesto que destinan para la atención de emergencia a víctimas de desplazamiento forzado son precarios. Lo que a su vez ha generado que las víctimas de desplazamiento al llegar a las ciudades no cuenten con ayudas humanitarias de emergencia (cupos en albergues, mercados o vestuario). Y en el último de los casos esta responsabilidad haya pasado en gran medida a manos de ONGs como IRD y de organismos intergubernamentales como el CICR.

9. Tampoco es claro en la actualidad cuáles son las garantías económicas y sociales para el retorno y permanencia en sus territorios de la población que ha sufrido el desplazamiento forzado o para las victimas colectivas.

A las dificultades actuales hay que sumarle las dificultades históricas del sistema de atención y reparación a víctimas del conflicto que van desde “omisiones” legislativas, que han debido ser suplidos a través de sentencias de la corte constitucional para frenar la pretensión con lo cual las ramas del poder público y en particular el ejecutivo excluye o pone trabas para que las víctimas sean reconocidas y accedan a sus derechos en cuyos ejemplos destacamos:

1. El hecho victimizante de la desaparición forzada, no se incluía ni reconocía inicialmente de acuerdo a los artículos 15 y 49 de la ley 418 de 1997, Y solo hasta el 16 de noviembre de 2010, a través de la sentencia C-914/10 la corte constitucional resolvió “Declarar EXEQUIBLE, el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, en el entendido que también son destinatarios de los instrumentos de protección consagrados en dicha ley, las víctimas de los delitos de desaparición forzada y sus familias”.

2. El que niega el reconocimiento como víctimas del conflicto a los colombianos que hayan padecido las atrocidades cometidas por las denominadas BACRIM, los cuales ni bajo el decreto 1290/08 ni aún bajo el marco de la ley 1448/11 y sus decretos reglamentarios vienen siendo reconocidas como víctimas del conflicto y en consecuencia sus solicitudes de reparación administrativa vienen siendo negadas, básicamente debido al no reconocimiento de estos actores como grupos armados ilegales. Solo con la emisión de las sentencias C-253A de 2012, C – 781 de 2012 y el auto 119 de 2013 , se abre la posibilidad del reconocimiento para el hecho victimizante de desplazamiento forzado quedando por fuera los demás hechos victimizantes.

Pese a la decisión del gobierno de Estados Unidos de excluir de la lista de terroristas a las AUC, con el argumento base de que dichas estructuras desaparecieron, el debate sobre la asimilación de las actuales BACRIM a grupos Narco Paramilitares, está abierto, la decisión actual es política y hay muchos hechos objetivos que así lo señalan. Entre los que se destacan su estructura militar organizada – cadena de mando -, sus áreas de influencia – control territorial, capacidad militar, los vínculos con agentes del estado – demostrados publica y judicialmente -, sus fuentes de financiación y su modus operandi, sin desconocer que algunos de los paramilitares que no se desmovilizaron actualmente engrosan las filas de estas organizaciones.

3. Pese al reconocimiento normativo del principio de buena fe, es una constante la frecuente pretensión de inversión de la carga de la prueba y valoraciones subjetivas que desconocen elementos materiales probatorios, para el reconocimiento de la calidad de víctima, a pesar que la máxima corporación constitucional al ser avocada ha señalado entre otros que: “exigir a los accionantes la prueba de la condición de personas víctimas de la violencia, esto es, de los móviles ideológicos o políticos que determinaron la vulneración de sus derechos fundamentales, constituye una barrera de acceso a la asistencia humanitaria, pues establece un requisito irrazonable y desproporcionado” , igualmente, que “en razón a que ello supondría la subordinación de la víctima al proceso de investigación que debe el Estado adelantar contra el victimario a efectos de establecer si los móviles que incitaron su actuar tenían un contenido ideológico o político en el marco del conflicto armado interno, lo que desconoce los principios internacionales de protección de derechos humanos que establecen que se es víctima con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al victimario” . “a la luz de los mencionados principios fundamentales de derecho internacional, incorporados en nuestro ordenamiento interno en virtud del bloque de constitucionalidad, es absolutamente válida la existencia de víctimas sin victimario identificado, aprehendido, enjuiciado o condenado” (subrayado por fuera de texto). En otros términos que “para que una persona sea considerada como víctima de un delito o abuso de poder, no es necesaria la identificación, aprehensión, enjuiciamiento y mucho menos la condena del sujeto responsable del ilícito”

Al igual que el desconocimiento reiterado de las acciones desarrolladas en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias de funcionarios del ministerio público – Personeros Municipales -, consagradas en la ley 418 de 1997 y en la resolución 7381 de septiembre 21 de 2004 proferida por la Red De Solidaridad Social, las cuales fueron en su momento avaladas por la máxima corporación constitucional al establecer que: “la exigencia de certificación de los móviles constituye una carga desproporcionada para las autoridades competentes que no están inmersas en la investigación penal de los autores de los delitos, y más aún para la víctima del ilícito. De allí que esta Corte haya considerado como prueba válida, a fin de satisfacer el requisito legal para acceder a la asistencia humanitaria a quienes sufran perjuicios a causa de homicidios cometidos en el marco del conflicto armado interno (artículo 49 de la Ley 418 de 1997), la certificación por parte de una autoridad competente, no de los móviles que inspiraron el homicidio, sino de unos hechos que, con base en elementos objetivos, se presumen acontecieron en el marco del conflicto armado interno. Dicho certificado permite, entonces, llegar a lo desconocido a partir de la técnica jurídica de la presunción” .

4. Con la reciente aclaración contenida en la sentencia SU – 254 de 2013, se puso cortapisa a la perversa asimilación de la reparación administrativa consagrada en el decreto 1290 y la ley 1448 de 2011 sobre la ayuda humanitaria establecida en la ley 418 de 1997, acción con la cual bajo el argumento de impedir la “doble reparación” se pretendía privar a las víctimas del conflicto de acceder a la reparación a que tiene derecho. De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional debe existir una necesaria distinción entre medidas propias de políticas sociales, medidas de asistencia y de emergencia humanitaria y medidas dirigidas a reparar a las víctimas. Al igual que el acceso preferencial a los programas y a los servicios sociales del Estado, no pueden ser tomados como medidas de reparación, ni pueden ser calculados dentro del presupuesto destinado para dichas medidas.

Acápite aparte tiene la pérdida de vigencia de la reparación integral consagrada en la ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012 la cual ha impedido el acceso a la reparación de millares de víctimas de los paramilitares al consagrar la adopción de medidas para enfrentar la situación de los desmovilizados que están próximos a cumplir ocho años de detención preventiva (Art. 18A, Ley 975 de 2005). Generando un impacto profundo en lo que se refiere al derecho de las víctimas a la reparación, en tanto eliminó el incidente de reparación integral.

“Aunque las versiones libres de algunos paramilitares han ofrecido información valiosa sobre hechos concretos, la sistematización de estos datos no ha permitido dar cuenta de una comprensión estructural del fenómeno paramilitar; y por otro lado, los resultados en materia de justicia y reparación son muy pobres pues hasta octubre de 2012 solo se habían proferido 14 sentencias y los bienes entregados por los paramilitares no solo son insuficientes, sino que muchos se encuentran en mal estado. Igualmente, la reforma estaba orientada a enfrentar la crisis del sistema de justicia y paz ante la inminente salida de prisión de los postulados que están ad portas de cumplir ocho años de detención preventiva, esto es, el tiempo correspondiente a la pena alternativa máxima .

La experiencia del proceso de “justicia y paz” ha dejado en evidencia la debilidad del enfoque pro-víctima del modelo de reparación. Los asesinatos de líderes sociales reclamantes de tierras y de víctimas organizadas participantes del mismo proceso, son casos que no pueden repetirse y hasta ahora muestran que no existe una política adecuada con plenas garantías para el reclamo justo de los derechos de las víctimas.

Finalmente en esta intervención sobre el marco normativo, y eso si dejando algunos factores de riesgo por abarcar, con el ánimo de no extendernos, señalaremos sobre la ley 1448 de 2011 que:

Consideramos que ha tenido avances respecto a normas vigentes en el pasado, fundamentalmente en materia de estándares de protección de los derechos de las víctimas. Definiendo un universo de víctimas, en el que se superó una conceptualización restrictiva que excluía, entre otras, a las víctimas de crímenes de Estado, pasando a una más amplia que perfila un acercamiento a la realidad del país en la que la que se considera víctima a toda persona que ha sufrido un daño como consecuencia de una violación o una infracción a los Derechos Humanos; igualmente incluye las diferentes responsabilidades que existen entre el Estado, la sociedad y las víctimas frente a la reparación; crea un procedimiento que facilita la restitución de tierras; se establecen algunas medidas que atienden a las especiales necesidades de las mujeres que han sido victimizadas especialmente en materia de violencia sexual y de despojo; y se establece la obligación dentro del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de especializarse en la persecución de los bienes destinados a la reparación.

El diseño económico de implementación de la ley y de sostenibilidad fiscal, es una de las causas de la situación actual de re victimización de la población afectada por el conflicto social y armado colombiano

Suroccidente de Colombia, 31 de julio de 2014

Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”

 

 

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